Los productores se movilizan para exigir al Gobierno que los nuevos operadores aporten, igual que las televisiones privadas, un porcentaje de sus ingresos a la producción independiente
El cine español se prepara para una nueva tormenta. La nueva Ley del Audiovisual que deberá hacerse cargo de la directiva europea de noviembre de 2018 ha movilizado a los productores españoles ante lo que parece una amenaza o, mejor, la nueva amenaza. Como viene siendo habitual en los últimos años, Netflix, que no otro, es a la vez el sueño y la pesadilla, el problema y la solución. O por lo menos así de confuso es percibido por el sector. Hasta la fecha y según la norma vigente, las televisiones están obligadas a invertir el 5% de sus ingresos de explotación brutos en audiovisual. Eso en lo que refiere a las cadenas digamos convencionales con TVE, Tele 5 y Antena 3 a la cabeza. ¿Y qué ocurre con las plataformas de pago calificadas de forma rumbosa como ‘Over the top‘ (OTT) como la citada, HBO o Amazon? De momento, nada. Se encuentran exentas de obligación alguna y de ahí la nueva ley.
Y llegados a este punto, los temores. Los realizadores de cine sospechan de que las intenciones del nuevo Gobierno es dar carta blanca a los recién llegados. Es decir, exonerarles de la obligación de invertir en cine y permitir que se queden con los derechos derivados de la propiedad intelectual. «No es que nos pongamos la venda antes de la herida. Se han filtrado suficientes informaciones tanto del ministerio de Cultura como desde el de Economía para estar seguros de que se trata de algo más que de un presentimiento», dice un portavoz de la Asociación Estatal de Cine (AEC) que aglutina al grueso del sector. Y para que quede claro, la AEC hará llegar en breve a la vicepresidenta de asuntos económicos y transformación digital, Nadia Calviño, una carta en la que hacen constar sus demandas, algunas de ellas cerca de la exigencia.
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